¿Qué paz queremos?*por Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J.

Represión a la prensa. Fotografía de Jiroko Nakamura-Zitlalapa López.

* Esta entrega recupera algunas ideas vertidas el pasado 2 de diciembre en la conferencia de rectores del Sistema Universitario Jesuita, celebrada en el marco de la FIL 2022 para debatir en torno a los alcances de la violencia en México.

POR DR. LUIS ARRIAGA VALENZUELA, S. J.

A partir de 2008, México revirtió su proceso civilizatorio de disminución y contención de la violencia, sobre todo de la homicida y feminicida. Hasta antes de ese año, nuestro índice era de alrededor de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde entonces, se mantiene de forma estable en alrededor de 25, 26 o 27 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, en unos cuantos años se triplicó la tasa de homicidios. 

Las decisiones del Estado contribuyeron en muchas ocasiones a exacerbar el fenómeno de la violencia, pues se optó por políticas de seguridad de mano dura. Pronto comenzó a registrarse un aumento en violaciones a derechos humanos como la tortura, las ejecuciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. 

En muchas regiones del país la población quedó inerme entre la violencia del crimen organizado y la violencia del Estado, en contextos donde la frontera entre lo público y lo criminal se diluyó o se volvió borrosa. Esto lo padeció sobre todo la población más empobrecida, pues en México la seguridad es un bien que hasta cierto punto pueden comprar y procurarse quienes más recursos tienen. Así, una verdadera crisis de violencia y violaciones a derechos humanos se cernió sobre el país. 

Hasta antes de 2008, nuestro índice era de alrededor de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde entonces, se mantiene de forma estable en alrededor de 25, 26 o 27 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, en unos cuantos años se triplicó la tasa de homicidios.

Frente a esta circunstancia es justo preguntarnos por la paz que queremos para el futuro. Con matices, las administraciones que han gobernado en México a partir de 2006 han mantenido la misma aproximación hacia el fenómeno de la violencia criminal: una respuesta caracterizada por la militarización, la desatención a la justicia, y escasa inversión en la prevención. 

En 2018 una alternativa política diferente llegó al poder con la promesa de empezar a revertir esta situación. Pese a los esfuerzos realizados, y en contra del discurso oficial predominante, esta promesa aún no ha sido cumplida. La crisis de violencia y violaciones a derechos humanos no es sólo una herencia del pasado, es una realidad del presente que sigue lastimando a miles de mexicanos y mexicanas. Así lo muestran los números y así lo experimentamos recientemente los jesuitas con el asesinato de nuestros hermanos. 

En muchas regiones del país la población quedó inerme entre la violencia del crimen organizado y la violencia del Estado, en contextos donde la frontera entre lo público y lo criminal se diluyó o se volvió borrosa.

Para construir una paz duradera en México debemos transitar hacia marcos de entendimiento sobre la violencia que coloquen en el centro de la discusión a las personas que la padecen diariamente. Como apunta la investigadora del ITESO Rossana Reguillo, "el poder creciente del crimen organizado, al inaugurar poderes paralelos al Estado (muchas veces con la colaboración de sus agentes) para instaurar un orden de control y también ofertas de sentido y de pertenencia [...] se ha convertido en la gramática que organiza hablas, imágenes y narrativas".1 No es que se haya perdido el sentido: es que la violencia y sus códigos están generando un nuevo sentido común que estamos llamadas y llamados a desmontar quienes queremos un país diferente. Para ello, como nos recuerda Reguillo, es indispensable hacer "que la vida importe". 

Se requiere más profundidad en nuestro entendimiento académico de la violencia y más sofisticación técnica en la construcción de propuestas de política pública viables que puedan revertirlas. Necesitamos aproximaciones que pongan en el centro la vida precaria de quienes padecen en sus cuerpos y sus existencias la violencia y el sufrimiento generado por las violaciones a derechos humanos. Para no normalizar la violencia, el mejor antídoto es hacer presentes siempre a quienes la padecen y desde ahí pensar sus impactos. 

El Ejército detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fotografía de Jiroko Nakamura-Zitlalapa López. 

La crisis de violencia y violaciones a derechos humanos no es sólo una herencia del pasado, es una realidad del presente que sigue lastimando a miles de mexicanos y mexicanas. Así lo muestran los números y así lo experimentamos recientemente los jesuitas con el asesinato de nuestros hermanos.

Sólo desde la empatía con las víctimas puede construirse la esperanza. Esto resuena especialmente con nuestra identidad jesuita. La Ibero, como universidad confiada a la Compañía de Jesús, tiene el desafío de hacer investigación en esa dirección y el de formar a nuestras y nuestros estudiantes desde claves que no les dejen ser indiferentes frente a lo que ha ocurrido en México a lo largo de estos años. De la frialdad ante la violencia y de la falta de empatía ante quienes viven en el lado menos favorecido de la realidad mexicana se nutre en buena medida la continuidad de la crisis que hoy vivimos. 

En poco tiempo los mexicanos y las mexicanas volveremos a escuchar las propuestas de quienes aspiren a gobernar este país a partir de 2024. En este escenario será indispensable exigir propuestas concretas y viables para enfrentar la violencia, al igual que posiciones claras sobre el papel que deben tener las Fuerzas Armadas en una estrategia integral en la materia. El electorado tiene derecho a saber si hacia adelante habrá más de lo mismo, que después de casi dos décadas sigue sin funcionar, o si habrá margen para la innovación y la diferenciación.

 A diferencia de 2006 y de 2012, cuando se optó por primera vez por desplegar a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública, hoy tenemos una abundante masa crítica de propuestas y estudios sobre qué funciona y qué no funciona en la materia. Las universidades jesuitas, como la Ibero, hemos contribuido con planteamientos nutridos y lo seguiremos haciendo con iniciativas como el Laboratorio de Innovación para la Reconciliación que queremos establecer en el futuro o como el posgrado en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia que acabamos de lanzar recientemente. 

Las universidades jesuitas, como la Ibero, hemos contribuido con planteamientos nutridos y lo seguiremos haciendo con iniciativas como el Laboratorio de Innovación para la Reconciliación que queremos establecer en el futuro o como el posgrado en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia que acabamos de lanzar recientemente.

El Ejército detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fotografía de Jiroko Nakamura-Zitlalapa López.

Hacia 2024 será indispensable activar esa capacidad de propuesta, generar interlocución con quienes aspiran a gobernar, y ponderar quiénes y cómo se distancian del discurso que ha predominado hasta ahora, según el cual no hay más ruta que la militarización. Desde la Ibero tenemos confianza en que la posición que hoy es dominante se atemperará y que nuevos liderazgos buscarán propuestas alternativas en la senda que hoy transitan naciones como Colombia o como Chile. Se trata de sociedades que en estos momentos articulan proyectos políticos robustos frente a la desigualdad generada por el modelo económico dominante. Los ciudadanos de esos países trabajan para conciliar esos nuevos proyectos con el respeto a los derechos humanos y con una visión civilista y progresista de la seguridad y la justicia que en México todavía no tenemos. 

Debemos tener esperanza hacia adelante. No sólo porque lo propio del talante universitario es el diálogo racional que renuncia a la estridencia, a los lugares comunes y a las fórmulas hechas, construyendo más bien desde la mesura y el respeto. También porque, en tanto universidad jesuita, lo nuestro es la construcción de esperanza. No estamos en un momento en el que quepa pertrecharnos en perspectivas académicas ácidamente críticas, pero absolutamente inocuas en cuanto a su influencia en la esfera pública. Toca construir horizonte y para eso es indispensable tener confianza en que el presente de violencia no es un destino inexorable. A eso le apostamos en la Ibero: a trabajar activamente a favor de la misión de reconciliación y justicia para sembrar las bases de una paz sostenible para nuestro futuro común.

Por: DR. LUIS ARRIAGA VALENZUELA, S. J.

Presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Sacerdote jesuita, abogado y doctor en Educación. A lo largo de su trayectoria académica y profesional se ha especializado en el estudio, la defensa y promoción de los derechos humanos. Su destacada trayectoria académica consiste en una sólida formación en las materias de derecho y derechos humanos, filosofía y educación. En 1993 se graduó con honores de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. De 1997 a 2001, como parte de su formación como escolar jesuita, estudió la Maestría en Filosofía Social en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias en el ITESO. En 2006 se graduó de la Licenciatura en Ciencias Religiosas por la Universidad Iberoamericana y la Universidad Pontificia de México, también con honores. Posteriormente, en 2012, estudió una segunda Maestría en Derecho, con especialidad en Derecho Internacional y Justicia, en la Universidad de Fordham, en Nueva York. En 2016 se doctoró en Educación para la Justicia Social en la Universidad Loyola Marymount, en Los Ángeles, California. Posteriormente realizó una estancia posdoctoral en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Ha sido director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, en la Ciudad de México y Rector del ITESO, y actualmente, como Rector de la Ibero, lo es también, por consiguiente, de la Universidad Iberoamericana Tijuana, la Prepa Ibero y el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.